Pilar Fernández Pardo, presidenta del Partido Popular de Gijón y diputada nacional por Asturias.

En los últimos meses José Blanco ha dado las peores noticias posibles para Asturias. Con la disculpa de reducir el déficit, el ministro de Fomento anunciaba el pasado mes de julio un brutal recorte presupuestario que afectaría a obras ya en marcha; en concreto, se anularían 32 contratos y 220 actuaciones se verían retrasadas.

 Más recientemente, antes de que acabara agosto, Blanco compareció en el Congreso de los Diputados para explicar que el tijeretazo sería finalmente de 2.500 millones de euros y que, por lo tanto, habrá 700 millones para repartir entre 49 infraestructuras españolas, entre ellas la autovía del Cantábrico. Pero es que esta vía, la también denominada A-8, necesita al menos 234 millones para concluir los cinco tramos aún pendientes. Días antes, a mediados del pasado mes, el ministro de Infraestructuras visitaba Asturias y se atrevía a decir que “ni las constructoras ni yo mismo sabemos cuándo se va a acabar” la citada obra. Vamos, que va para largo si no se le pone remedio.

 Es una tomadura de pelo por parte del Gobierno de Zapatero que esta infraestructura, clave para el desarrollo socioeconómico de la región, siga sin un calendario real. Como han advertido los empresarios del transporte, no hay ningún corredor importante en toda Europa, salvo el del Cantábrico, que no tenga como mínimo una autovía de primera generación. El PSOE nos ha relegado al aislamiento, a ser los últimos en comunicaciones viarias.

Los socialistas asturianos se consuelan diciendo que la autovía del Cantábrico sí figura dentro del trozo de esa tarta de 700 millones, porque otras obras, también fundamentales para Gijón y Asturias, están ya descartadas por el Gobierno de la Nación. Me refiero, por ejemplo, a la autovía Lloreda-El Empalme, pieza esencial para los nuevos accesos al puerto de El Musel. ¿Se imaginan los gijoneses que enormes camiones tengan que atravesar de manera continuada, mañana y noche, el casco urbano de nuestra ciudad? Pues vamos camino de esa situación de caos, peligro, desorden y ruido de tráfico.

Sin embargo, los dirigentes socialistas no se turban ni se les cambia el color de la cara cuando se refieren a nuestras infraestructuras de comunicación. En Gijón, sin ir más lejos, quienes hoy gobiernan en el Ayuntamiento prometieron en su programa electoral “la culminación de los tramos asturianos de la autovía del Cantábrico, tanto del Unquera-Llanes como de los tramos occidentales”. Del resto de incumplimientos, como el metrotrén o la Alta Velocidad entre Gijón y Madrid, ya ni hablamos.

Estos incumplimientos, estos graves retrasos en infraestructuras, demuestran que hacen falta dirigentes con peso político y con ideas claras en Asturias y en Gijón, para lograr que los proyectos comprometidos con cada territorio se hagan realidad de una vez por todas.

Pablo Fernández

El concejal del Grupo Popular Pablo Fernánez ofreció hoy una rueda de prensa, después de la primera reunión de la Comisión de Urbanismo tras el verano y tras la aprobación inicial del PGO.

En esta reunión, Sanjurjo presentó la aprobación inicial del plan especial de Jove, que recoge la construcción de viviendas 100% protegidas, siendo esto una modificación del PGOU anulado.

 “Pues bien, esta actuación supone un giro de 180% en su política urbanística. Lo que hace dos años negaba el equipo de gobierno, es decir, las propuestas del Partido Popular, ahora se las apropian y las lanzan como la gran novedad. Y me explico:

 En esta actuación de Jove, donde el 100% de  viviendas son de protección, pretenden aplicar altos estándares de arquitectura sostenible, y resulta que ahora proponen dotar a esta actuación de un minipolo energético, esto es, un centro donde se produce la energía para toda la urbanización; pretenden que se implante un sistema de recogida neumática de basuras, y hasta que se aproveche el agua de escorrería para las descargas de las cisternas de las viviendas, lo que reduce el consumo de agua potable.

 Pues bien, estas mismas actuaciones las propuso el Partido Popular hace escasamente dos años para que se implantaran en el Plan Especial de Vías. Y entonces no nos dejaron ni que lo lleváramos a Pleno para discutirlo. La propia alcaldesa dijo que el código técnico era más que suficiente para que las actuaciones fueran sostenibles”.

Fernánez dijo que el gobierno local asegura que estas actuaciones son pioneras. “Que no nos vendan motos, porque saben perfectamente que estas soluciones ya se realizan hace más de veinte años en otras ciudades españolas”.

En definitiva, “nos satisface ver que el gobierno local ha dado un giro de 180% en su política urbanística y recoge nuestras propuestas, las propuestas del Partido Popular”, enfatizó el concejal popular.

Pablo Fernández agregó que el Grupo Popular considera “que aún se puede mejorar esta actuación y aumentar el parque de viviendas protegidas en la ciudad, cosa muy necesaria”.

Resulta que el estudio de impacto ambiental dice que hay dos posibilidades en cuanto al número de viviendas: una de 1.890 viviendas y otra de 2.160 viviendas (lo que significa 270 más).

 “Nosotros –explicó Fernández- consideramos que si existe la posibilidad de compactar más la ciudad, de optimizar el uso del suelo y de tener un mayor número de viviendas de protección, hagámoslo. Por ello, presentaremos una enmienda al Pleno (que se votará en la sesión del próximo día 10) para que se opte por la solución de las 2.160 viviendas.

 Como les decía, nos satisface el giro de 180% del gobierno local, como el giro que también parece que van a dar respecto al plazo de alegaciones”.

 Hay que recordar que el Partido Popular pidió que se ampliara ese periodo de información pública y PSOE e IU votaron que no el último Pleno. 

 “Pues bien, ahora dicen que estudiarán esa ampliación. Nosotros seguimos pensando lo mismo, que es muy necesario esa ampliación de un mes por coincidir ese plazo con el mes de agosto”, concluyó el concejal Pablo Fernández.

Luis Crego

“Como ustedes recordarán, el pasado mes de abril el Grupo Municipal Popular solicitó acceder a un conjunto de facturas de las que comprendidas en las relaciones de facturas, que sucesiva y cronológicamente, son aprobadas por las juntas de gobierno municipales que se reúnen semanalmente. Así comenzó hoy Luis Crego la rueda de prensa que ofreció en el Ayuntamiento, para dar a conocer luna sentencia que da la razón al Grupo Popular.

“La única manera de conocer el contenido de estas facturas, es decir, qué se paga con ellas, qué bien o servicio se abona por parte del Ayuntamiento, no es otra que accediendo a ellas. Y, por supuesto, se entiende por pura lógica, que si los concejales tenemos garantizado por la Ley el acceso a todos los documentos que obran en dependencias municipales, estas facturas, donde se recoge en qué gasta el equipo de gobierno los recursos que ponen en sus manos los gijoneses, no pueden ser sustraídas al examen de los miembros de la Corporación.

 Entendíamos, cuando las solicitamos -una cantidad menor a 200 facturas de un conjunto de relaciones aprobadas en multitud de juntas de gobierno que suponían 1.417 facturas-, que esta solicitud en absoluto podía ser denegada por la Alcaldía, y menos bajo la restricción, de que –y leo literalmente- “el ejercicio del derecho a la información no podrá implicar una lesión del principio de eficacia administrativa, por lo que habrá de armonizarse con el régimen de trabajo de los servicios municipales y, en particular, no podrán formularse peticiones de información genéricas o indiscriminadas”.

Ante esta resolución de la Alcaldía, el Grupo Popular presentó, en ese caso yo mismo, una demanda ante los tribunales por el procedimiento especial de vulneración de derechos fundamentales de la persona.

 Hace escasos días, el 25 de agosto último, la titular del juzgado de lo Contencioso número 1 de Gijón dictó una sentencia en la que anula la resolución de la Alcaldía, en la que se niega el acceso a estas facturas, se declara expresamente que esa denegación (19 de abril) vulnera el derecho fundamental reconocido en el artículo 23/1 de nuestra Constitución y se ordena que se facilite al demandante por el Ayuntamiento el acceso a la información a que se refiere la solicitud efectuada.

He de decirles también que en todas las partes de este procedimiento en que intervino el Ministerio fiscal, este entendió que la denegación por parte de la Alcaldía vulneraba los derechos fundamentales de quienes lo habíamos solicitado.

 Ahora, esta sentencia, aunque fuera recurrida, obliga a que se cumpla en todos sus términos y que la alcaldesa, que en su momento vulneró (entendemos que a sabiendas) un derecho fundamental no sólo del concejal sino de los ciudadanos, ponga a disposición de este Grupo Popular las facturas correctamente solicitadas en su momento.

 Lo ocurrido y las manifestaciones realizadas en su día por la alcaldesa, hablando de que se habían pedido 3.000 facturas, o minusvalorando y ridiculizando nuestra petición, han quedado meridianamente contestadas por los tribunales y por la propia Ley.

Ese constante presumir por parte del equipo de gobierno municipal de la transparencia que reina en este Ayuntamiento queda anulado por esta sentencia y por otras anteriores, referidas al mismo asunto.

 Lo único que ya queda esperar es esa inmediata puesta a disposición y que, por supuesto, en el futuro, no se vuelva a repetir esta vulneración de derechos básicos de los miembros de la Corporación por parte del actual equipo de gobierno y de la Alcaldía. Volver a hacerlo significaría ya una vulneración consciente de la Ley y del criterio de los tribunales de Justicia”.

Inmaculada Gallart

“En el marco de Participación Ciudadana, este verano se ha hablado de animales domésticos en el Ayuntamiento de Gijón, y en la Comisión de ayer el Grupo Popular presentó dos propuestas al respecto. Una es la divulgación de la Ordenanza municipal de 1992, cuya renovación celebramos, y otra es la contratación pública de los albergues de Poago y Serín, que el gobierno local viene realizando a dedo año tras año”. La concejala Inmaculada Gallart se centró en esta última propuesta durante la rueda de prensa que ofreció esta mañana.

Gallart explicó que el Grupo Popular ha planteado, por cuarto año consecutivo, la contratación pública de los albergues municipales “para evitar el favoritismo inadmisible en un Ayuntamiento que se dice transparente”.

 El Grupo Popular viene pidiendo desde 2007, el inicio del mandato municipal, a la concejala socialista Pilar Pintos, transparencia en la convocatoria pública mediante un concurso, en el que se garantice “la calidad del servicio y la libre concurrencia de entidades”.

Gallart recordó que la gestión del albergue “siempre está revestida de polémica”. Así, explicó que en 2006 la Sociedad Protectora de Animales dejó con gran polémica y conflicto su gestión de los albergues municipales. Tomó el relevo la Fundación Altarriba, que gestionó el albergue durante tres años. En 2009 se adjudicó a la Asociación Amigos del Perro, cuyo convenio se renueva directamente para el año 2010.

“El Grupo Popular entiende que no existen razones para la falta de transparencia y, en la Comisión del pasado 1 de septiembre, volvimos a reclamar la contratación pública del albergue. De no producirse este año la anunciada contratación, pediremos un informe a los servicios de contratación para que el gobierno local explique por qué realiza año tras año la adjudicación a dedo”.

Gabriel Díaz

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Gijón respalda a los policías locales que, de manera encubierta, están ejerciendo una huelga de “bolis caídos”. “Es que el recorte salarial a los funcionarios ha sido brutal y se entiende que cada uno intente reaccionar de algún modo”, comprende el edil popular Gabriel Díaz.

Entre los policías municipales de Gijón y de Avilés se ha extendido la protesta iniciada por los guardias civiles adscritos a la Agrupación de Tráfico. La huelga de “bolis caídos” consiste en que los agentes, en lugar de imponer la habitual sanción económica, optan por amonestar verbalmente al infractor. De esta manera cumplen su función pedagógica con la ciudadanía, a la vez que, para presionar a la Administración, le niegan una fuente de ingresos. Según las asociaciones de la Benemérita, la protesta está logrando que este verano la Dirección Provincial de Tráfico tramite en la región la mitad de denuncias que el año pasado. El daño económico se estima en unos dos millones de euros.

En el caso de los policías municipales, el PP gijonés matiza que esta desobediencia es legítima siempre y cuando se acaten las leyes. “Desde luego, si un policía ve una situación que afecta a la seguridad ciudadana y no aplica la norma, estaríamos ante un caso totalmente ilegítimo”, advierte Gabriel Díaz.

Sin embargo, entre ese extremo y la situación que se está dando actualmente, el edil popular entiende que hay mucho margen. “La huelga está revelando el afán recaudatorio que tiene el Ayuntamiento”, señala Gabriel Díaz, antes de enumerar casos que, habitualmente acarrean una sanción para el ciudadano de difícil justificación. “No hay más que ver el radar instalado en la calle Doctor Fleming, donde pasan muy pocos peatones, pero el aparato denuncia a todos los coches que superan los 50 kilómetros por hora”.

“Tenemos en la ciudad muchos radares así, puestos en sitios poco idóneos si la prioridad es la de velar por la seguridad”, esgrime Gabriel Díaz. “El problema de fondo, y que revela esta huelga, es que los criterios que priman en este Gobierno socialista son otros”, acusa.

Así y siempre según su versión, “existe preocupación en el equipo de Gobierno, concretamente en el área de Santiago Martínez Argüelles; los responsables de que cuadren las cuentas están muy inquietos con el bajón de las multas”.

El año pasado, el Consistorio tenía previsto ingresar 3,8 millones gracias a las infracciones en materia de tráfico, pero al final cerró el ejercicio con 5,9 millones. La cantidad supone el doble de lo que espera recaudar en 2010 un consistorio como Oviedo y cuadriplica las expectativas de Avilés.

A la luz de los conocimientos y medios actuales, la desintoxicación física de los dependientes de casi todas las sustancias es segura y eficiente en medio ambulatorio. Las únicas excepciones se encuentran en los dependientes de alcohol, con una puntuación en la escala CIWA-Ar (que es una escala de valoración internacionalmente aceptada para valorar la necesidad de ingreso de alcohólicos) superior a 20 puntos, lo que supone un grave riesgo vital. También deberían ser ingresados para su desintoxicación los pacientes con grave comorbilidad física o psiquiátrica, pero en estos casos, probablemente la indicación más correcta sería una estabilización previa.

Una UDH puede tener muchas más funciones que la simple desintoxicación, y su existencia en hospital facilita muchas de ellas, como las ‘interconsultas’. El Partido Popular no quiere cerrar las UDH sino darles, como en tantas otras cuestiones, racionalidad y un mejor rendimiento para la sociedad asturiana.

Como licenciada en Medicina, las declaraciones que efectúo no son sólo políticas sino que están basadas en la pedagogía científica y en evidencias publicadas, contrastadas y aceptadas por la comunidad científica internacional. A los trabajadores de la UDH, como a todos los trabajadores, no se les defiende con demagogias, sino con racionalidad”.

La reducción de camas es correcta en términos de eficiencia y de racionalización de recursos. Los avances en terapéutica de las adicciones hacen que cada vez sea menos necesario ingresar para desintoxicar.

Por otra parte,  tanto la evidencia científica actual, que remarca el gran aumento de la ‘patología dual’, y precisamente son pacientes con dualidad grave los que deben hacer desintoxicaciones en régimen de ingreso, como la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), reservan a Psiquiatria el tratamiento de estos enfermos. Por tanto, la llamada UHD debería estar adscrita y funcionar con personal de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica y no a Medicina Interna (MI), como hasta ahora. Este tipo de unidades requiere unas condiciones de confidencialidad y aislamiento que la propuesta en el Hospital de Cabueñes no reúne.

En nuestro próximo programa electoral, presentaremos un Plan Integral de Reforma de la Atención a las Adicciones, con su integración plena en Salud Mental, que es donde debe estar, con los criterios de evidencia científica, calidad asistencial y racionalidad de gasto que el problema requiere. Una propuesta alejada de la política de ocurrencias que el consejero de Salud está siguiendo desde que tomó posesión de su cargo”.

Luís Fernández Vega ha supuesto un gran ejemplo de trabajo, tesón, cordialidad y sensibilidad hacia sus pacientes. Todos los asturianos nos sentimos orgullosos de su importantísima labor, una labor que hoy continúa en Oviedo con la cuarta generación de esta saga de oftalmólogos.

El Partido Popular de Gijón quiere transmitir también, en estos difíciles momentos, su cariño y su más sentido pésame a los familiares de Luís Fernández-Vega.

MUCHISIMAS FELICIDADES A LA FELIZ PAREJA DE TODOS LOS COMPAÑEROS Y AMIGOS DEL PARTIDO POPULAR DE GIJON.